“Somos dos partidos distintos, con legítimas posiciones”. Alfonso Fernández Mañueco, investido este Lunes Santo de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León con los votos del PP y de Vox, comenzó su discurso de investidura en las Cortes defendiendo un pacto que “refleja la voluntad de los castellanos y leoneses” y del que pidió que “se le juzgue por sus hechos y resultados” y sin “prejuicios”. Un nuevo gobierno, en definitiva, que aseguró que funcionará “como una piña” y “sin complejos” a pesar de las diferencias. La consolidación de Vox en la esfera institucional se materializa con la entrada en su primer gobierno autonómico.

Con Santiago Abascal como testigo, pero con la ausencia destacada de Alberto Núñez Feijóo, Mañueco aludió a quienes “se autoexcluyeron de inmediato” y a quienes “lo hicieron después pero se mostraron abiertos a alcanzar pactos”. Lo primero, en referencia a Luis Tudanca, el candidato socialista, cuya formación supeditó su abstención a la ruptura del PP con Vox en toda la geografía española. Los segundos, las formaciones de la España Vaciada que tendrán voz en las Cortes a través de los tres procuradores de Soria ¡Ya! y Unión del Pueblo Leonés más el revalidado Por Ávila.

“Va a tener muchos enemigos”, vaticinó Abascal sobre una fórmula de gobierno cuya intención es emular a nivel nacional. “Constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno como una posible alternativa para toda España”, apuntó el líder de Vox, que ligó la ausencia del flamante líder popular a su agenda. Mientras, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, tampoco aseguraba que Feijóo fuera a acudir a la toma de posesión del próximo martes. “Ni nos beneficia, ni nos perjudica”, dijo sobre una posible foto de Feijóo junto a Abascal que acabará llegando.

Mañueco contó con el apoyo de 44 de los 81 procuradores, la suma de los 31 del PP y los 13 de Vox, frente al voto negativo de socialistas, Unidas Podemos, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila y el único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien fuera vicepresidente durante la anterior legislatura y con quien Mañueco protagonizó un embarrado debate personal, plagado de dardos, descalificaciones y ajustes de cuentas.

Ley de Violencia Intrafamiliar, antes del 31 de julio

Mañueco agradeció a Juan García-Gallardo, quien será su vicepresidente sin cartera, su “voluntad por llegar a un acuerdo viable para la estabilidad de la legislatura”. El presidente castellanoleonés, que relató una serie de cambios en el diseño de las carteras, no avanzó quiénes las ostentarán. Sí se conocen las tres de las 10 consejerías con las que contará Vox: la de Agricultura y Ganadería para Gerardo Dueñas, la de Cultura para el catedrático salmantino Gonzalo Santonja, y la de Industria y Empleo para Mariano Veganzones.

Aprovechó también Mañueco para sacar pecho de su gestión durante la anterior legislatura, marcada por la pandemia y finalizada abruptamente el pasado diciembre tras las escaramuzas con Ciudadanos e Igea. Una legislatura “con aciertos y errores y con decisiones duras, pero pensando en el interés general”.

Desgranó entonces el acuerdo de gobierno entre PP y Vox anunciado el pasado 10 de marzo, consolidando algunas de las exigencias puestas sobre la mesa por el partido de Abascal y asumidas por el candidato popular en su discurso. La Ley de Violencia Intrafamiliar, la de Concordia, la inmigración ordenada, algo parecido al conocido como ‘pin parental’. Y el anuncio de una bajada del primer tramo del IRPF de manera “inmediata”, confrontando directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como primer paso para la “revolución fiscal” que acometerá a lo largo de la legislatura.

“Vamos a comenzar la tramitación, antes del 30 de junio, de una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y evitando la utilización de la Historia para dividir a los españoles“, defendió Mañueco sobre una ley llamada a sustituir el decreto autonómico sobre Memoria Histórica. Antes del 31 de julio se promulgará una ley que contemplará “la violencia de los hijos contra los padres o contra las personas con discapacidad en el ámbito familiar” y de la que, consideró Mañueco, “nadie pueda estar en contra”.

Aquí sí quiso marcar distancias el presidente castellano y leonés, que reiteró su “compromiso con la lucha contra la violencia de género”, una ley que asegura que mantendrán y contra la que no se dará “ni una paso atrás en los derechos concedidos”. “Las dos normas son necesarias”, defendió, “las dos normas son compatibles y las dos normas son complementarias”.

Tudanca: “No mercadee con los derechos de la mujer”

Tudanca, quien volverá a ejercer el liderazgo de la oposiciónr, fue el encargado de abrir el turno de tarde. “Usted ha pasado de ‘Lo que diga Ciudadanos’ a ‘Lo que diga Vox’. Y el salto ético es abismal”, lanzó el socialista a Mañueco, a quien acusó de haber “capitulado ante la extrema derecha”. “Lo único que ha concretado usted hoy son las medidas que les exige Vox: su programa de Gobierno es la nada más absoluta”, arrojó Tudanca.

“No podemos retroceder ni un solo milímetro, por eso hoy le pido, señor Mañueco, se lo suplico, no mercadee con los derechos de la mujer y la igualdad”, reiteró Tudanca, que expuso que “el PP por fín ha llegado a su destino tras su interminable viaje al centro que los ha llevado más a la derecha que nunca. El señor Feijóo tendría que venir a dar la cara, pero no, se esconde”.

“Solo su frustración galopante, personal y política, le ha hecho caer en un discurso sin altura de miras. En los insultos ha triunfado. Por desgracia para usted, no es eso lo que quieren las personas de Castilla y León”, respondió el todavía presidente en funciones, que vituperó el rechazo en el saludo de algunos socialistas al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, el pasado 10 de diciembre. “Usted es un político dócil y sumiso a la política de Sánchez. Usted prefiere quedarse en la grada chillando, como un aficionado exaltado“, se enfangó Mañueco, iniciando una tarde repleta de regañinas entre unos y otros, de pactos arrojados como perdigones desde la tribuna.

Llegó el turno entonces de Luis Mariano Santos, portavoz de UPL, y de Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, aunados en el mismo grupo parlamentario y cuyo discurso giró en torno a la queja por la desatención histórica de 35 años de gobierno popular en sus territorios. “Le aviso de que Soria está en Castilla y León y quiere quedarse, pero quiere un reparto justo: no tratan ustedes a Soria de forma equilibrada”, expuso el soriano.

Tras ellos, el Grupo Mixto, formado por Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila. Pablo Fernández, portavoz morado, tachó al acuerdo como el “pacto de la infamia”, consumado “sin un ápice de vergüenza” por Mañueco. “Nos han traicionado ustedes, han traicionado a los abulenses, pero está claro que teniendo en cuenta el rédito electoral, no lo han conseguido”, expuso Pedro Pascual, el procurador de Por Ávila.

Con la subida de Igea al estrado llegó el momento más ácido del debate, el de un exvicepresidente que se desenconó de un anticipación electoral tomada como afrenta y que trasladó al plano personal un racimo completo de acusaciones.

Gallardo: “Cuenta con un socio leal”

“Cuenta con un socio leal”, expuso el que será vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, para cuyo segundo apellido –Frings– también tuvo Igea en un extraño juego de preferencias clasistas. “Es usted un fantasma político”, le contestó el abogado burgalés de 31 años. “Estoy particularmente orgulloso de formar un Gobierno que ha dado un paso para proteger por igual a las víctimas de la violencia intrafamiliar, independientemente del sexo del agresor“, defendió Gallardo los postulados de Vox que tendrán su reflejo en el acuerdo de legislatura.

“Nuestro objetivo es, en primer lugar, la devolución [al Estado] de competencias en educación, sanidad y justicia”. La entrada de Vox en un gobierno autonómico no ha sido un óbice para desplegar un discurso anti autonomista, uno de los principios fundacionales del partido. Ahora, la “aparente paradoja existente entre gobernar una comunidad y derogar el estado de las autonomías”. Pese a lo expuesto, reconoció la falta de potestad para acometer dicha transferencia.

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